La minería en el Ecuador del siglo 21 se encuentra en un punto de transición. A pesar de la antigua tradición minera del país, particularmente en actividades en pequeña escala de extracción de minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción, elsector minero ha permanecido siempre a la sombra del sector hidrocarburífero como un sector marginal. En la actualidad, las posibilidades de un desarrollo minero en escala industrial plantean serios retos al país, pues si bien podría existir un importante potencial minero, al mismo tiempo su extracción significaría una alta conflictividad social y ambiental; y una casi nula participación del Estado y de las comunidades en la información y renta mineras.

Esta situación ha sido el resultado principalmente de la ausencia de una política minera equitativa que refleje la integralidad de todo el sector, unida al desmantelamiento del papel rector del Estado gracias a las reformas de la ley de Minería del año 2000, que buscaron beneficiar a los sectores más especulativos.

Frente a esta realidad, el gobierno del ciudadano presidente Rafael Correa considera que el sector minero puede ser –bajo ciertos condicionamientos- una fuente importante de recursos para el desarrollo de la nación, una palanca para la generación de empleo, un factor para el desarrollo local y regional equilibrado, y una fuente de equilibrio de la balanza comercial de productos minerales.

Para ello es necesario que existan escenarios previsibles para la inversión; que las comunidades puedan percibir en base a certezas, que la minería trae armonía, progreso,trabajo, mejoramiento de la calidad de vida; que el desarrollo minero implique el crecimiento sustentable de las zonas donde se hacen inversiones; que las relaciones productivas se realicen en base a la equidad, donde el respecto a la vida humana y a la naturaleza sean su centro.

Para ello es necesario superar la visión extractivista que ha caracterizado a la política petrolera y minera tradicional en el país. Los recursos no renovables que se encuentran en el subsuelo no pueden continuar siendo extraídos para beneficio solamente de las economías de los países centrales importadores de hidrocarburos y de minerales, de sus empresas y de sus representantes criollos. Su extracción debe ser racional en términos ambientales y sociales, y debe ser equitativa para los inversionistas, las comunidades y el Estado. En este sentido, la extracción de minerales debe asegurar la justa participación del Estado en la renta minera, el desarrollo local equilibrado, la debida información y la seguridad jurídica para todas las partes.

La ausencia de información a todo nivel social sobre la actividad minera en el Ecuador ha sido también otra consecuencia de la desarticulación del sector minero. Esto ha implicado el desconocimiento por parte de grandes sectores de ecuatorianas y ecuatorianos de los temas básicos de la realidad de la minería, lo que ha permitido que su opinión pueda ser fácilmente manipulable por diferentes intereses. Con la publicación de El ABC de la Minería en el Ecuador, el Ministerio de Energía y Minas

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